Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.
Cómo se distingue de mitigación y adaptación
- Mitigación: medidas dirigidas a recortar la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el incremento de la temperatura planetaria.
- Adaptación: propuestas orientadas a reducir la vulnerabilidad y robustecer la capacidad de reacción ante impactos previstos, como levantar diques, desarrollar variedades agrícolas más resistentes e incorporar sistemas de alerta temprana.
- Pérdidas y daños: efectos remanentes que continúan aun tras aplicar acciones de mitigación y adaptación, junto con impactos repentinos o definitivos que resultan imposibles de compensar plenamente.
Tipos de pérdidas y daños
- Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
- Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
- Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
- Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.
Casos y datos que ilustran el problema
- Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
- Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
- Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
- Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
- Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.
Marco internacional y política
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
- Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
- Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.
Evaluación, atribución y apreciación de valor
- Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
- Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
- Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.
Sistemas de respuesta y financiamiento
- Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
- Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
- Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
- Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.
Desafíos operativos y éticos
- Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
- Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
- Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
- Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.
Buenas prácticas y propuestas
- Combinar enfoques: integrar prevención, preparación, seguros y financiamiento de largo alcance a fin de cubrir pérdidas económicas y respaldar inversiones orientadas a fortalecer la resiliencia.
- Empoderar comunidades: involucrar a pueblos indígenas y a comunidades locales en el diseño y la implementación de acciones que garanticen pertinencia cultural y resultados eficaces.
- Transparencia y gobernanza: crear mecanismos nítidos de supervisión y rendición de cuentas que permitan monitorear el destino de los recursos.
- Soluciones regionales: impulsar la cooperación en fondos y adquisiciones de cobertura a escala regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.
Los debates sobre pérdidas y daños reflejan un punto crítico: el cambio climático ya provoca consecuencias que muchas comunidades no pueden revertir por sí solas. Abordarlo exige mezclar ciencia de atribución, políticas financieras justas, medidas de reducción del riesgo y un enfoque centrado en derechos humanos para diseñar respuestas que sean efectivas y legítimas para quienes más sufren.