El documental japonés «Black Box Diaries», nominado al Óscar, ha generado controversias relativas a su contenido y enfoque. Bajo la dirección de la periodista Shiori Itō, esta película relata su vivencia personal como víctima de agresión sexual por parte de Noriyuki Yamaguchi, un prominente periodista japonés. A pesar de su reconocimiento a nivel mundial y exhibición en 57 naciones, el documental ha recibido críticas en Japón por utilizar grabaciones sin el consentimiento de las personas implicadas.
Itō ha admitido estas inquietudes y ha publicado un comunicado pidiendo disculpas por el uso de material sin autorización. Se ha comprometido a alterar las partes necesarias para asegurar que las personas no puedan ser identificadas en proyecciones posteriores. En su declaración, subrayó: «En la versión más reciente se ha hecho todo lo posible para que las personas no sean identificables. Me aseguraré de realizar los cambios indispensables para las futuras exhibiciones internacionales».
El documental mezcla videos personales y testimonios auténticos que reflejan el largo proceso judicial de más de ocho años que Itō enfrentó para buscar justicia. Algunas de estas grabaciones fueron hechas de manera clandestina o sin el conocimiento de los involucrados, lo que ha suscitado polémica sobre la ética periodística y la protección de las fuentes. Un grupo de abogados, incluyendo a dos que formaron parte del equipo legal de Itō en su caso contra Yamaguchi, afirman que la periodista ha «vulnerado los derechos humanos» de quienes aparecen sin consentimiento y que «no respetó la ética del periodismo al no proteger a sus fuentes».
Una de las escenas más controvertidas del documental presenta imágenes de una cámara de seguridad del hotel donde tuvo lugar la agresión. En ellas, se ve a Yamaguchi sacando a Itō, visiblemente incapacitada, de un taxi y llevándola al interior del lugar. Los críticos apuntan que estas imágenes se utilizaron sin el permiso del hotel y sin el consentimiento de las personas involucradas. Itō justificó su inclusión, argumentando que son «esenciales» para mostrar la realidad de la violencia sexual y que constituyen «la única prueba visual» de lo ocurrido. Añadió que se priorizó «el interés público» al decidir incluirlas.
El caso de Shiori Itō ha tenido un gran impacto en Japón, destacando las dificultades que deben enfrentar las víctimas de agresión sexual en un sistema legal y social que, históricamente, ha sido poco accesible a sus denuncias. Su decisión de hacer pública su experiencia en 2017 actuó como un impulsor para el movimiento #MeToo en el país, desafiando normas culturales profundamente arraigadas que tienden a silenciar a las víctimas. A raíz de su caso y la atención mediática que generó, en 2023 el Parlamento japonés aprobó reformas significativas en la legislación sobre delitos sexuales. Estos cambios incluyeron redefinir la violación, eliminando la necesidad de demostrar violencia y enfocándose en la ausencia de consentimiento, entre otros ajustes.
A pesar de estos progresos legales, Itō sigue enfrentando dificultades en su país de origen. El documental no se ha exhibido en cines japoneses a causa de la polémica y las críticas ya mencionadas. Además, el agresor, Yamaguchi, no fue arrestado y únicamente recibió una sentencia civil que lo obliga a compensar económicamente a Itō. Este hecho destaca las continuas barreras que experimentan las víctimas de agresión sexual en Japón, tanto en el entorno legal como social.
A pesar de estos avances legales, Itō continúa enfrentando desafíos en su país natal. El documental aún no se ha proyectado en cines japoneses debido a la controversia y las críticas mencionadas. Además, su agresor, Yamaguchi, nunca fue arrestado y solo recibió una condena civil que lo obliga a indemnizar económicamente a Itō. Este hecho subraya las persistentes barreras que enfrentan las víctimas de agresión sexual en Japón, tanto en el ámbito legal como en el social.
La situación de Shiori Itō pone de manifiesto la complejidad de abordar temas de violencia sexual en sociedades con estructuras patriarcales y sistemas legales que históricamente han desestimado las experiencias de las víctimas. Aunque su caso ha impulsado reformas y ha generado un diálogo necesario sobre la violencia de género en Japón, también evidencia las resistencias y desafíos que persisten en la sociedad japonesa para aceptar y apoyar plenamente a quienes denuncian estos crímenes.