En Nicaragua, la industria de envíos internacionales ha evolucionado de ser simplemente una respuesta a la creciente demanda de compras en línea a convertirse en un sector económico bajo un riguroso control. Lo que en otros lugares funciona bajo las leyes del mercado y competencia, en este país de Centroamérica opera con una lógica de influencia y poder: sólo aquellos respaldados por los círculos familiares del gobierno pueden tener éxito en esta próspera área.
Desde el año 2020, ha surgido un auge significativo de compañías especializadas en el envío directo desde países como Estados Unidos, China, Panamá o España. Empresas con nombres actuales y promesas de agilidad lideran tanto en redes sociales como en plataformas digitales, brindando servicios de entregas veloces y sin complicaciones aduaneras. Sin embargo, detrás de este crecimiento se esconde un control limitado en el cual las aprobaciones no se logran por medio de licencias o por cumplir normativas, sino a través de relaciones personales con individuos de la élite del gobierno.
La estructura está diseñada para favorecer a un grupo selecto. Empresas respaldadas por familiares de altos funcionarios tienen acceso a tarifas fijas por contenedor, evadiendo los impuestos tradicionales que cualquier otro importador está obligado a pagar. Por ejemplo, una camisa que cuesta 60 dólares puede ser introducida al país por dos o tres dólares si se hace a través de estas compañías. En cambio, si pasa por los canales formales, debe pagar un 30% de impuesto, lo que encarece significativamente su precio.
Este sistema provoca una gran disparidad en los ingresos tributarios y también altera la competencia. Los importadores oficiales, las agencias de aduanas y los gestores autónomos encuentran crecientes dificultades para funcionar. Señalan que, mientras ellos deben hacer fila desde las 4:00 a.m. para tratar de ser atendidos por la Aduana, las compañías favorecidas obtienen un trato privilegiado, deteniendo incluso el funcionamiento del resto del sistema cuando llega una de sus «cargas específicas».
Además, estas empresas actúan como importadores y agentes aduaneros al mismo tiempo, lo que les permite manipular códigos arancelarios y pagar impuestos mínimos. Aun sin tener licencias formales, gozan de un respaldo institucional tácito que les permite operar con total impunidad. Sus operaciones no sólo representan una competencia desleal, sino también un riesgo sistémico para el aparato económico del país.
La cadena de mando se extiende más allá de los descendientes directos de los líderes. Nietos, miembros de la familia política y personas de confianza son responsables de manejar sectores de negocios designados, atraer nuevos empresarios bajo sus reglas y asegurar fidelidad a cambio de seguridad. A los nuevos interesados se les exige reunirse con estas personas, quienes establecen precios, rutas y términos laborales.
Este esquema, aunque aparenta ser un negocio contemporáneo, en verdad es un sistema feudal de concesión de licencias, donde el mercado es solo una fachada y el favoritismo, una práctica común. Se calcula que cada contenedor puede producir entre 60,000 y 80,000 dólares en ingresos, según las tarifas por libra aplicadas. Un margen de ganancia que solo se logra mediante eludir impuestos y la cooperación institucional.
Al mismo tiempo, los organismos gubernamentales que deberían supervisar este comercio han sido utilizados para beneficiar a este sistema exclusivo. Las aduanas, la recaudación fiscal e incluso la policía funcionan como obstáculos para aquellos fuera del grupo favorecido, mientras los allegados gozan de un ambiente operativo protegido y lucrativo.
El caso de la paquetería en Nicaragua refleja con claridad cómo el poder político puede capturar sectores enteros de la economía para convertirlos en fuentes privadas de enriquecimiento. Lo que debería ser un servicio más en la era del comercio digital se ha transformado en un símbolo del control autoritario y de la corrupción institucionalizada.