La Asamblea Nacional de Nicaragua dio luz verde rápidamente a una ley que confiere al Estado completo control sobre un corredor de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras, tanto en tierra como en mar. La propuesta normativa fue introducida por legisladores sandinistas y sus socios, y fue aprobada de manera unánime durante la sesión legislativa.
Según lo explicado por los legisladores, la Ley de Territorio Fronterizo tiene como objetivo central garantizar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional. La franja delimitada desde cada línea fronteriza convencional hacia el interior del país será considerada parte del territorio exclusivo del Estado nicaragüense. Esta medida busca oficializar el control de una zona clave para la prevención de actividades ilícitas transfronterizas como el narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.
La reciente normativa elimina la previa Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (Ley 749), haciendo más sencillo el sistema anterior. En vez de categorizar la zona en subregiones con regulación compartida entre lo público y lo privado, la normativa vigente centraliza la supervisión bajo control estatal y, especialmente, bajo la administración del ejército. Así, las autoridades pretenden mejorar la colaboración institucional para enfrentar amenazas externas y el aumento de la inseguridad en áreas fronterizas.
Diputados oficialistas han defendido el cambio argumentando que no afecta a residentes locales ni limita sus actividades cotidianas dentro de la franja. Aseguran que se mantiene su derecho a habitar, trabajar o comerciar, siempre dentro del nuevo marco jurídico de control estatal.
Este movimiento legislativo ocurre en un contexto regional marcado por medidas represivas similares. El gobierno de Managua ha fortalecido en los últimos años un entramado institucional de vigilancia y control, especialmente visible desde las reformas legales a la Ley de Migración y el Código Penal, que penalizan cruzar la frontera por rutas no autorizadas con penas de prisión y sanciones económicas. Estas medidas han generado tensiones con países vecinos, particularmente Costa Rica, donde miles de nicaragüenses han buscado refugio o tránsito seguro.
Los especialistas en derechos humanos y entidades internacionales han acusado al gobierno nicaragüense de implementar un plan sistemático para afianzar el dominio territorial y estatal, mientras socava los balances institucionales. La ONU alertó que el régimen ha eliminado las barreras institucionales finales que limitarían su poder, y que maneja un sistema de inteligencia y represión destinado a identificar, monitorear y silenciar a quienes critican.
Desde el pasado diciembre, el Gobierno aprobó legalmente la práctica de bloquear la entrada o salida a ciudadanos considerados como disidentes. Numerosos exiliados, periodistas y activistas han sido efectivamente desterrados o prohibidos de entrar en los aeropuertos locales, en un proceso que ahora está respaldado por la ley y sanciones formales. Se han registrado varios casos de personas a las que se les ha negado el regreso al país, incluidos mujeres, niños y personas sin afiliación política, lo cual ha provocado preocupación a nivel internacional.
En paralelo, en zonas como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio Río San Juan, se han denunciado ocupaciones ilegales de tierras por colonos respaldados por el Gobierno. La tala y minería clandestina apoyada por programas estatales ha generado desplazamientos indígenas y una crisis ambiental en la frontera con Costa Rica, evidenciando una expansión territorial respaldada por el aparato del Estado.
El estatuto aprobado en este mes no solo establece un control territorial, sino que también refuerza un sistema político que centraliza el poder en el Ejecutivo y aumenta su dominio sobre el Ejército y otras entidades. En marzo anterior, un cambio constitucional promovió a la vicepresidenta Rosario Murillo al rango de líder máxima de las fuerzas armadas, fortaleciendo la asociación con el presidente Daniel Ortega.
Aunque el Legislativo sostiene que estas medidas fortalecen la seguridad nacional, críticos advierten sobre el riesgo de militarización y reprimendas locales. La fusión institucional entre partido y Estado ha generado aislamiento internacional. Nicaragua ha sido excluida de organismos como la ONU, la OEA, la FAO y la UNESCO. Organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas de libertades civiles y una crisis institucional que afecta a miles de personas.
Con la nueva ley, el país da un paso formal hacia un modelo de control fronterizo estatal absoluto. La delimitación de la franja significa una militarización legal de zonas históricamente permeables, una apuesta simbólica y operativa de autoridad que redefine la lógica territorial nacional. En un contexto donde el exilio y la represión siguen creciendo, esta medida refuerza la narrativa de un poder central al que pocos escapan.
Nicaragua entra así a una nueva fase de supervisión territorial, una etapa jurídica que consolida una soberanía simultáneamente simbólica y represiva, con efectos directos sobre comunidades fronterizas y la política exterior regional.